Nueva denuncia de la Comisión Europea a España por no haber sellado 61 vertederos señalados por Europa como ilegales desde 2006 en Andalucia, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Murcia. Bruselas vuelve a poner en evidencia al Estado español por la gestión de sus residuos y amenaza con una sanción millonaria.
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Sábado 8 de agosto de 2015 | AMIGOS DE LA TIERRA
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La Comisión Europea sigue poniendo en el punto de mira a España por la ineficiente gestión de sus vertederos. A la decisión del pasado mes de julio de 2014 de llevar al estado español al Tribunal de Justicia de Luxemburgo por el estado ilegal y por la no clausura de 31 de sus vertederos legales, ahora Bruselas ha sumado una segunda denuncia ante el Tribunal de Justicia comunitario por “la insuficiente gestión a la que se someten los residuos” en 61 vertederos inactivos de Andalucía, Baleares, Canarias, Castilla- La Mancha, Castilla y León y Murcia que llevan denunciados desde 2006.
“A pesar de las advertencias hechas anteriormente por la Comisión, España se ha abstenido de tomar las medidas necesarias para proceder a la clausura, sellado y restauración ecológica de 61 vertederos ilegales”, ha informado la Comisión en un comunicado. Bruselas ha recordado al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que está infringiendo la Directiva marco sobre residuos desde hace nueve años, ya que “los Estados miembros están obligados a recuperar los residuos o a eliminarlos, de forma que no pongan en peligro la salud humana ni el medio ambiente”. España se había comprometido a sellar estos vertederos a finales de 2011.
“A pesar de las advertencias hechas anteriormente por la Comisión, España se ha abstenido de tomar las medidas necesarias para proceder a la clausura, sellado y restauración ecológica de 61 vertederos ilegales”, ha informado la Comisión en un comunicado. Bruselas ha recordado al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que está infringiendo la Directiva marco sobre residuos desde hace nueve años, ya que “los Estados miembros están obligados a recuperar los residuos o a eliminarlos, de forma que no pongan en peligro la salud humana ni el medio ambiente”. España se había comprometido a sellar estos vertederos a finales de 2011.
