AI publica un informe en el que pide que se paralicen los desalojos hipotecarios hasta que no se adopten garantías de protección de derechos humanos. Dos de las Comunidades Autónomas donde existen más desalojos y viviendas vacías, Madrid y Cataluña, han adoptado medidas regresivas que incrementan la desprotección.
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Lunes 29 de junio de 2015 | AMNISTÍA INTERNACIONAL
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Amnistía Internacional ha publicado un nuevo informe, “Derechos desalojados. Derecho a la vivienda y desalojos hipotecarios en España” en el que denuncia como cientos de miles de personas han perdido o están en riesgo de perder su vivienda como consecuencia de los desalojos hipotecarios.
La organización pide que se paralicen todos los desalojos hipotecarios hasta que no se adopten garantías de protección. En concreto, la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para que los jueces analicen, caso por caso, la razonabilidad y proporcionalidad de un desalojo, y el establecimiento de un mecanismo obligatorio para supervisar las negociaciones entre las entidades financieras y las personas, en el que las autoridades exijan a éstas que el desalojo sea la última alternativa y se prioricen soluciones que permitan a las personas permanecer en las viviendas donde residen.
A pesar de las casi 600.000 ejecuciones hipotecarias iniciadas en España desde 2008, el Gobierno ha adoptado medidas insuficientes, que no han protegido la vivienda como un derecho humano. Su alcance ha sido muy restrictivo, beneficiando únicamente a 31.500 familias. Además, las autoridades han invisibilizado la gravedad de la situación, al no ofrecer datos desagregados de cuántas personas se han visto afectadas por las ejecuciones hipotecarias ni realizar evaluaciones de impacto en derechos humanos de las políticas de vivienda, incluido el impacto de género.
La organización pide que se paralicen todos los desalojos hipotecarios hasta que no se adopten garantías de protección. En concreto, la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para que los jueces analicen, caso por caso, la razonabilidad y proporcionalidad de un desalojo, y el establecimiento de un mecanismo obligatorio para supervisar las negociaciones entre las entidades financieras y las personas, en el que las autoridades exijan a éstas que el desalojo sea la última alternativa y se prioricen soluciones que permitan a las personas permanecer en las viviendas donde residen.
A pesar de las casi 600.000 ejecuciones hipotecarias iniciadas en España desde 2008, el Gobierno ha adoptado medidas insuficientes, que no han protegido la vivienda como un derecho humano. Su alcance ha sido muy restrictivo, beneficiando únicamente a 31.500 familias. Además, las autoridades han invisibilizado la gravedad de la situación, al no ofrecer datos desagregados de cuántas personas se han visto afectadas por las ejecuciones hipotecarias ni realizar evaluaciones de impacto en derechos humanos de las políticas de vivienda, incluido el impacto de género.
