Por primera vez, una tesis de la Universidad de Alicante advierte del vacío legal frente a las consecuencias físicas y psíquicas del impacto de los malos olores.
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Jueves 30 de julio de 2015 | UNIVERSIDAD DE ALICANTE
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La nariz humana distingue más de 10.000 aromas diferentes, de hecho, nuestra mente almacena distintos olores que evocan buenos recuerdos e instantes a lo largo de nuestra vida. Pero, ¿qué sucede cuando estamos expuestos a un olor desagradable diariamente?.
Los olores pueden ser molestos, causar rechazo y afectar a la calidad de vida, por lo que pueden ser considerados como una forma de contaminación ambiental pese a que no contengan sustancias tóxicas o peligrosas.
Teniendo en cuenta que “las quejas por olores ofensivos son pronunciamientos subjetivos”, la estudiante de doctorado del Departamento de Estudios Jurídicos del Estado de la Universidad de Alicante, Elizabeth Basto Gómez, ha investigado, por primera vez, el control de los olores y la protección legal en este ámbito.
“Debido al componente subjetivo de los olores y a la dificultad de discernir entre los agradables y los desagradables es difícil determinar en qué punto se sitúa lo jurídicamente permisible a la hora de establecer unos máximos de tolerancia”, aclara la autora de la tesis "Olor y Derecho", la primera en esta materia que se lleva a cabo en España.
Tras varios años como concejal que debía enfrentar el establecimiento de una nueva planta de residuos, Elizabeth Basto confirmó el desconocimiento y vacío legal respecto al fenómeno del olor. “En un primer momento la administración tiende a negar la gravedad del problema y a atender los argumentos de los gestores de las plantas, sin embargo la realidad es que las consecuencias de la comunidad que vivía en torno a esta planta eran múltiples, ya que afectaba a la calidad de vida de las personas, vegetación y animales, e incluso la ropa se afectaba porque quedaba impregnada”, señala.
Los olores pueden ser molestos, causar rechazo y afectar a la calidad de vida, por lo que pueden ser considerados como una forma de contaminación ambiental pese a que no contengan sustancias tóxicas o peligrosas.
Teniendo en cuenta que “las quejas por olores ofensivos son pronunciamientos subjetivos”, la estudiante de doctorado del Departamento de Estudios Jurídicos del Estado de la Universidad de Alicante, Elizabeth Basto Gómez, ha investigado, por primera vez, el control de los olores y la protección legal en este ámbito.
“Debido al componente subjetivo de los olores y a la dificultad de discernir entre los agradables y los desagradables es difícil determinar en qué punto se sitúa lo jurídicamente permisible a la hora de establecer unos máximos de tolerancia”, aclara la autora de la tesis "Olor y Derecho", la primera en esta materia que se lleva a cabo en España.
Tras varios años como concejal que debía enfrentar el establecimiento de una nueva planta de residuos, Elizabeth Basto confirmó el desconocimiento y vacío legal respecto al fenómeno del olor. “En un primer momento la administración tiende a negar la gravedad del problema y a atender los argumentos de los gestores de las plantas, sin embargo la realidad es que las consecuencias de la comunidad que vivía en torno a esta planta eran múltiples, ya que afectaba a la calidad de vida de las personas, vegetación y animales, e incluso la ropa se afectaba porque quedaba impregnada”, señala.
Son muchos los estudios científicos que avalan como el hedor (olor desagradable y penetrante) impacta en la memoria e implica graves consecuencias físicas como pérdida del sentido del olfato, rinitis..., y psíquicas, como crisis de pánico y agresividad. “De ahí la importancia de entrar a trabajar en el ámbito jurídico y desarrollar una legislación nacional que proteja a la sociedad civil frente a la exposición de olores en el entorno”, insiste Basto, quien pone como ejemplo la tarea llevada a cabo en Japón desde hace más de treinta años.
Propuestas
La olfatometría, paneles de narices expertas y mapas olfativos se señalan en la tesis “Olor y Derecho” como una herramienta muy eficaz para el estudio y control de olores y para determinar cómo medirlo, denunciarlo y detenerlo. “Es momento de formalizar la autoridad competente, los mecanismos y herramientas jurídicas frente a un problema que afecta a muchas personas ya que está más que estudiado, en el ámbito del marketing y las ventas, como los olores determinan el comportamiento de las personas”, insiste la autora.
Otra de las medidas propuestas realizadas por Elizabeth Basto es la creación de mecanismos de participación y la consulta a la sociedad para conocer “su margen de sacrifico ante una nueva infraestructura o proyecto en su zona”.
“En definitiva, es importante crear un marco legal, homologando la normativa y formalizando la responsabilidad penal, administrativa, patrimonial y moral frente al fenómeno del olor. El Estado debe asegurar la calidad de vida de sus ciudadanos”, resume la ya doctora de la UA.
Estudios de cotutela internacional
Este trabajo, dirigido por Gabriel Real y Paulo Cruz, del Departamento de Estudios Jurídicos del Estado, forma parte de un programa de doble titulación suscrito por la Universidad de Alicante y la Universidad Univali, de Brasil, para poner en marcha programas de estudios de cotutela internacional avalados por ambas instituciones en el ámbito de las ciencias jurídicas.
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