El informe del Instituto de Economía de Barcelona apunta a la creación de mecanismos de transparencia como una posible medida de control y corrección de la corrupción.
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Miércoles 24 de junio de 2015 | UNIVERSITAT DE BARCELONA
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El Instituto de Economía de Barcelona (IEB) de la Universitat de Barcelona ha presentado el informe Corrupción: magnitud, causas y consecuencias, en el que analiza la percepción de la corrupción en España y las implicaciones sociales, democráticas y económicas que se derivan del fenómeno.
El informe cuenta con los datos del índice de percepción de la corrupción elaborado por el organismo Transparencia Internacional (TI), que muestra cómo la percepción de la corrupción en España ha crecido 10 puntos durante la crisis entre los expertos sobre la cuestión en el sector público.
Así, mientras en los años de bonanza económica el índice daba a España una puntuación de 70 (donde 100 indica el nivel más bajo de corrupción), en 2014 el resultado cayó hasta los 60 puntos. Con estos resultados, España se encuentra en valores estables y próximos a la media de la Unión Europea y de Europa Occidental. En comparación con los países de estas zonas, España ocupa la posición 19 de 32, lejos de los países nórdicos (que ocupan las primeras posiciones), pero también de los resultados de Grecia, Italia y Rumanía, donde los ciudadanos consideran la corrupción como un problema sistémico del país.
El informe cuenta con los datos del índice de percepción de la corrupción elaborado por el organismo Transparencia Internacional (TI), que muestra cómo la percepción de la corrupción en España ha crecido 10 puntos durante la crisis entre los expertos sobre la cuestión en el sector público.
Así, mientras en los años de bonanza económica el índice daba a España una puntuación de 70 (donde 100 indica el nivel más bajo de corrupción), en 2014 el resultado cayó hasta los 60 puntos. Con estos resultados, España se encuentra en valores estables y próximos a la media de la Unión Europea y de Europa Occidental. En comparación con los países de estas zonas, España ocupa la posición 19 de 32, lejos de los países nórdicos (que ocupan las primeras posiciones), pero también de los resultados de Grecia, Italia y Rumanía, donde los ciudadanos consideran la corrupción como un problema sistémico del país.
Los resultados de España son algo peores en las encuestas a la población, como el Eurobarómetro 2013. El informe europeo mostró que el 95 % de los españoles consideraba que la corrupción estaba extendida en el país, un porcentaje solo inferior al de Grecia (99 %) e Italia (97 %) y lejos del 76 % de respuestas afirmativas en la Unión Europea. Además, el 63 % de la población española encuestada aseguró que la corrupción afectaba personalmente a su vida cotidiana, el mismo porcentaje que en Grecia y a distancia del 26 % que marcó la media europea.
La situación de crisis económica también ha facilitado que se visibilice la corrupción como un problema social. El informe del IEB asegura que la crisis no ha hecho aumentar la corrupción, sino que ha servido para darle visibilidad, afirmación que se apoya en los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Según el último barómetro del CIS, un 50 % de la población considera que la corrupción y el fraude son uno de los tres problemas principales del país, solo por debajo del paro. En cambio, hasta octubre de 2009, solo el 1 % de la población percibía la corrupción como un problema.
El informe del IEB apunta a la creación de mecanismos de transparencia como una posible medida de control y corrección de la corrupción, y recomienda crear herramientas tanto de transparencia pasiva —dar acceso a archivos y registros administrativos— como de transparencia activa —difusión de la información por parte de la Administración, caso del Portal de Transparencia activo desde 2014. En este sentido, el informe aporta un índice de transparencia de las comunidades autónomas, en el que analiza ochenta indicadores sobre la información que las comunidades dan a sus ciudadanos. El índice sitúa a Castilla y León, Cataluña y País Vasco como las tres comunidades más transparentes (100 puntos sobre 100), mientras que Madrid (65), Murcia (78,8) y Canarias (80) se sitúan a la cola.
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