El decano del Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB), Oriol Rusca, se ha mostrado muy crítico con la reforma del Código Penal y la introducción del concepto de “pena de prisión permanente revisable”.
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Martes 23 de junio de 2015 | CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA
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Oriol Rusca, decano del Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB), ha afirmado que “es totalmente innecesaria la reforma del Código Penal teniendo en cuenta el bajo índice de delincuencia en España en comparación con otros países. Además, esta reforma no es menor, ya que modifica 250 artículos del texto actual, más de una tercera parte, y conlleva un endurecimiento de la respuesta penal sin que exista ningún estudio previo que lo justifique”. También ha denunciado que la aprobación de este nuevo Código Penal conlleva una falta de seguridad jurídica para los ciudadanos ya que usa expresiones ambiguas o indeterminadas en muchas de las figuras penales que se tipifican.
Rusca ha calificado de “error” la introducción de la “pena de prisión permanente revisable”, porque en España la duración de las penas puede llegar hasta los 40 años efectivos de estancia en prisión, período que está por encima de los cánones europeos. Este endurecimiento de las penas no determina una mayor seguridad a la hora de vivir en una sociedad democrática.
Finalmente el decano del ICAB ha denunciado la creación de una red normativa (reforma del Código Penal, Ley de Seguridad Ciudadana y pacto yihadista) que limita las libertades de los ciudadanos.
Rusca ha calificado de “error” la introducción de la “pena de prisión permanente revisable”, porque en España la duración de las penas puede llegar hasta los 40 años efectivos de estancia en prisión, período que está por encima de los cánones europeos. Este endurecimiento de las penas no determina una mayor seguridad a la hora de vivir en una sociedad democrática.
Finalmente el decano del ICAB ha denunciado la creación de una red normativa (reforma del Código Penal, Ley de Seguridad Ciudadana y pacto yihadista) que limita las libertades de los ciudadanos.
Por su parte, el presidente en funciones de la Diputación de Barcelona, Salvador Esteve, ha recordado que “en julio entra en vigor la reforma del Código Penal y la nueva Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, normas que afectan directamente a los derechos y las libertades de las personas y que, como toda ley, tendrán que pasar por la prueba de la realidad”.
A pesar de ser consciente de la controversia generada por la tramitación y la aprobación de estas leyes, Esteve ha preferido centrarse en “ver qué comportará su entrada en vigor, qué implicaciones tendrá sobre la ciudadanía”, porque “policías y abogados, concejales y alcaldes serán quienes evaluarán, en primera instancia, hasta qué punto son eficientes, están bien redactadas y son útiles para la finalidad con la que han sido creadas”. Y ha finalizado apelando al “pleno respeto con el pensamiento discordante, a la diversidad de ideologías y al ejercicio de los derechos y libertades” a la hora de hacer prevalecer las propias ideas.
También ha sido crítico el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, Enoch Alberti, que en su intervención ha declarado que reformas como éstas habrían requerido “el máximo consenso político y social”.
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